Corte Constitucional bloquea propuesta para endurecer Ley de Nacionalidad.
En diciembre, el Tribunal Constitucional portugués analizó la propuesta de enmienda a la Ley de Nacionalidad, aprobada por el Parlamento a finales de octubre, y concluyó que cuatro puntos del texto no respetan la Constitución portuguesa. Esta decisión impide que el texto entre en vigor en la forma en que fue aprobado.
Es importante aclarar desde el principio que este no es un cambio que haya entrado en vigor, sino una propuesta legislativa. Por lo tanto, hasta la fecha no se han modificado las normas para las nuevas solicitudes. Las solicitudes en trámite se analizarán de acuerdo con la legislación vigente en la fecha de presentación en el registro civil.
El papel del Tribunal Constitucional en este proceso
El Tribunal Constitucional actúa como guardián de la Constitución. Tras recibir una solicitud de análisis de puntos específicos, el Tribunal examinó el contenido de la propuesta y concluyó que no cumplía con los parámetros constitucionales. En tres de estos casos, la decisión fue unánime entre los jueces.
¿Qué pasa después de esta decisión?
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, la legislación no puede implementarse. El procedimiento correcto es devolver el texto al Parlamento para que los puntos considerados inconstitucionales se revisen, reformulen o, en su caso, eliminen.
Solo después de este ajuste, y tras una nueva votación parlamentaria, se podrá devolver el texto al Presidente de la República. Hasta entonces, no hay ninguna modificación válida de la Ley de Nacionalidad.
Impacto inmediato para la comunidad de ascendencia portuguesa
En la práctica, la decisión aporta estabilidad jurídica. Quienes deseen solicitar la nacionalidad portuguesa siguen sujetos a las normas vigentes, sin perjuicio ni alteración de los criterios.
El debate político sigue sujeto a ajustes, discusiones y nuevos plazos, pero el derecho aplicable sigue siendo el mismo.
La decisión del Tribunal Constitucional no modifica la Ley de Nacionalidad. Al contrario, impide la entrada en vigor de una propuesta con deficiencias constitucionales.
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