Las modificaciones a la Ley de Nacionalidad se envían al Tribunal Constitucional para su revisión.
Las enmiendas a la Ley de Nacionalidad Portuguesa, aprobadas por el Parlamento en octubre, han sido remitidas al Tribunal Constitucional. A partir de esa fecha, el Tribunal dispone de 25 días para analizar si el texto se ajusta a la Constitución. Es decir, la decisión debería publicarse este diciembre. Según Isabel Comte, abogada de Martins Castro, este paso es esencial para garantizar que cualquier cambio respete la Constitución portuguesa y los derechos de los solicitantes de nacionalidad.
El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, recibió el diploma en noviembre, pero esperará el dictamen de la Corte Constitucional antes de tomar una decisión. Por lo tanto, el proceso permanece suspendido hasta que concluya este análisis.
El gobierno dividió los cambios en dos proyectos:
- La primera modifica directamente la Ley de Nacionalidad.
- El segundo crea la posibilidad de perder la ciudadanía en casos de delitos graves, tema que requiere especial atención porque involucra derechos fundamentales.
Si el Tribunal Constitucional identifica algún problema en el texto, el proyecto de ley será vetado con el apoyo del Presidente y regresará al Parlamento. En ese caso, los diputados deberán reescribirlo y votarlo nuevamente. Si el Tribunal considera que no existen inconstitucionalidades, el texto pasará al Presidente para su decisión final, quien podrá aprobarlo o vetarlo políticamente.
Mientras tanto, es importante destacar que Las solicitudes de nacionalidad por la vía sefardí, así como las solicitudes de cónyuges e hijos menores, siguen siendo aceptadas según las normas vigentes.Cualquier cambio sólo tendrá efecto después de que se hayan completado todos los pasos formales.
Martins Castro denunció discriminación en la propuesta de modificación a la ley y defendió los principios del Estado de derecho.
En octubre, Martins Castro envió una carta formal a la Presidencia de la República expresando su preocupación por los indicios de discriminación presentes en las enmiendas aprobadas por el Parlamento. El documento, firmado por el director ejecutivo Renato Martins y la abogada Isabel Comte, se envió en nombre de la sociedad civil y representa a miles de personas de ascendencia portuguesa en todo el mundo.
La carta llama la atención sobre puntos del nuevo texto que establecen criterios imprecisos para conceder o denegar la ciudadanía, como las pruebas de adhesión a los valores estatales, los requisitos culturales y las evaluaciones subjetivas del comportamiento. Según el documento, estas medidas podrían vulnerar las libertades individuales y comprometer la seguridad jurídica.
El texto también refuerza la importancia de la ruta sefardí, recordando su valor histórico y simbólico y destacando que su revocación afectaría directamente a las familias que dependen de este reconocimiento legal.
La presentación de las enmiendas al Tribunal Constitucional representa un momento importante para la revisión y la garantía de la seguridad jurídica. Martins Castro seguirá de cerca cada paso, reforzando su compromiso con los derechos de la comunidad de ascendencia portuguesa.
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